Tras un período de importantes avances, los servicios de agua y saneamiento han ido perdiendo protagonismo y muestran hoy signos de estancamiento, e incluso de retroceso. La reciente publicación del Informe Anual de los Servicios de Agua y Residuos 2022 de ERSAR (RASARP 2022) no hace sino confirmar lo que muchos ya veníamos percibiendo: una rehabilitación insuficiente de las infraestructuras, elevados niveles de pérdidas de agua, una recuperación insuficiente de los costes, entre otros desafíos persistentes. Como si esto no fuera suficiente, también ha empeorado la fiabilidad de los datos comunicados por las entidades prestadoras al regulador.

Esta situación parece derivarse de la falsa percepción de que estos problemas ya están resueltos. No es así. Si no volvemos a situar estos servicios en el centro de la atención pública y política, su deterioro será inevitable, con consecuencias cada vez más negativas para la protección del medio ambiente y la salud pública.

Necesitamos un firme compromiso político, tanto a nivel nacional como local: un verdadero «Pacto por el Agua». Es necesario reforzar el papel del regulador. Debe garantizarse la sostenibilidad económica y financiera del sector. Deben continuar los procesos de agregación de entidades prestadoras, aumentando su dimensión, especialización y capacidad de recursos. Debemos apostar por entidades prestadoras modernas y digitales, con una mejor gobernanza interna y mejores instrumentos de planificación y gestión. Debemos fomentar una cultura de gestión de activos de infraestructuras basada en su rehabilitación continua. Asimismo, debemos mejorar la eficiencia operativa, especialmente la eficiencia hídrica y energética, al tiempo que reforzamos la seguridad y la resiliencia frente al cambio climático y otros riesgos emergentes.

Por encima de todo, debemos lograr por fin la aprobación del nuevo Plan Estratégico PENSAARP 2030 y, más importante aún, su efectiva implementación.