La visión del PENSAARP 2030 se articula en torno a cuatro objetivos estratégicos:

• (a) la eficacia de los servicios, garantizando la accesibilidad física, la continuidad y la fiabilidad, la calidad del agua suministrada y vertida, la seguridad y la resiliencia, así como la equidad y la asequibilidad económica;
• (b) la eficiencia de los servicios, garantizando una buena gobernanza y una adecuada estructuración del sector, la organización de las entidades prestadoras, la asignación eficiente de los recursos financieros, la eficiencia hídrica y energética y la descarbonización;
• (c) la sostenibilidad de los servicios, garantizando la sostenibilidad económica y financiera, de las infraestructuras, del uso de los recursos, del capital humano y del conocimiento;
• (d) y, finalmente, la valorización de los servicios, promoviendo la creación de valor empresarial y económico, ambiental y territorial, social, la transparencia y la rendición de cuentas, así como la contribución al desarrollo sostenible.

Se identificaron diez objetivos prioritarios. Los tres principales son la sostenibilidad económica y financiera de las entidades prestadoras, la eficiencia en la gobernanza y estructuración del sector y la sostenibilidad de las infraestructuras. Los restantes objetivos prioritarios son: la eficacia en la calidad de las aguas residuales; la eficiencia hídrica; la eficiencia en la asignación de los recursos financieros; la eficacia en materia de seguridad y resiliencia; la sostenibilidad del capital humano; la eficiencia en la organización de las entidades prestadoras; y la eficacia en la continuidad y fiabilidad de los servicios.

Se definieron 70 medidas destinadas a alcanzar estos objetivos. Además, se identificaron 15 medidas adicionales relacionadas con los recursos hídricos. De ellas, 21 son altamente prioritarias, 31 tienen prioridad media y 33 presentan una prioridad menor. Entre las medidas prioritarias destacan: la aplicación de la regulación tarifaria; la mejora del desempeño económico y financiero de las entidades prestadoras; el refuerzo del compromiso de los responsables políticos; el fortalecimiento del compromiso de las entidades prestadoras municipales; la ampliación de las competencias del regulador de los servicios; el refuerzo de la supervisión del licenciamiento de las captaciones de agua y de los vertidos de aguas residuales; la mejora de la calidad de las aguas residuales vertidas; el fortalecimiento de la coordinación entre la autoridad ambiental y el regulador; la promoción de economías de escala; la mejora de la gestión patrimonial de las infraestructuras; la rehabilitación de infraestructuras; la mejora del conocimiento catastral y operativo de las infraestructuras; la reducción de las pérdidas de agua en los sistemas de abastecimiento; la reducción de las infiltraciones y aportaciones indebidas a los sistemas de aguas residuales; la reducción de las aportaciones indebidas o indeseadas a los sistemas de drenaje pluvial; el fortalecimiento del capital humano del sector; la adaptación de los servicios al cambio climático; la mejora de la planificación estratégica; la mejora de la organización y gestión de las entidades prestadoras; y la mejora del mecanismo de gestión de los fondos estructurales destinados a subvenciones y financiación.

La implementación de estas medidas se facilitará mediante incentivos institucionales, económicos, financieros, fiscales, legales y regulatorios, cuya responsabilidad recaerá en el Gobierno, las autoridades de gestión de los programas regionales, el regulador y las entidades prestadoras de titularidad estatal. Asimismo, se impulsarán incentivos de carácter técnico y de fortalecimiento de capacidades, reputacionales y de comunicación, así como de innovación y desarrollo del mercado. Su materialización dependerá de la iniciativa de los distintos actores del sector, en particular de las instituciones de educación superior, los centros de investigación e innovación, las asociaciones y las empresas.

Las necesidades de inversión ascienden a 5.500 millones de euros, considerando un escenario de rehabilitación anual de entre el 1,5 % y el 2 % de las infraestructuras, junto con la finalización de inversiones destinadas a mejorar la resiliencia, la modernización y la descarbonización. La rehabilitación de infraestructuras constituye la partida más importante, representando aproximadamente la mitad de la inversión total. Sin considerar las subvenciones, se prevé que la tarifa media doméstica aumente de 2,06 €/m³ a 2,90 €/m³, manteniendo un nivel adecuado de asequibilidad económica.

La estrategia de asignación de subvenciones del sector diferencia el apoyo destinado a las entidades prestadoras con mayor grado de madurez institucional del dirigido a aquellas con menor nivel de desarrollo.

La ejecución del Plan será coordinada por una estructura especializada, el Grupo de Apoyo a la Gestión 2030, dotada de los recursos necesarios para supervisar el cumplimiento de los objetivos, la implementación de las medidas, los incentivos, las inversiones y la financiación.

Con el fin de reforzar la movilización de los actores del sector, el Plan propone asimismo la creación de un Pacto Nacional de Compromiso por los Servicios de Agua.