Todos somos conscientes de la enorme interdependencia entre los servicios de abastecimiento de agua y de gestión de las aguas residuales y pluviales y los recursos hídricos, tanto por la utilización de estos recursos como materia prima para la producción de agua destinada al consumo humano como por su función de medio receptor de las aguas residuales.

No podemos aspirar a disponer de mejores servicios de agua sin cuidar nuestros recursos hídricos, y lo contrario también es cierto. Tampoco podremos contar con unos recursos hídricos en buen estado sin garantizar la adecuada prestación de estos servicios públicos esenciales.

Desde el punto de vista institucional, la actuación de la autoridad de recursos hídricos —la Agência Portuguesa do Ambiente (APA)— se centra en la gestión de dichos recursos y en su relación con los servicios de agua del mismo modo que con otros usuarios del agua, como la agricultura, la industria, la producción de energía y el turismo. Por su parte, la actuación de la autoridad reguladora —la Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR)— es diferente, ya que se centra en la regulación de los servicios de abastecimiento de agua para consumo humano y de gestión de las aguas residuales y pluviales. Su labor abarca tanto a las entidades prestadoras como a los usuarios, velando por la sostenibilidad de los servicios desde una perspectiva integrada y en un contexto de eficacia, eficiencia y sostenibilidad. ERSAR regula únicamente uno de los múltiples sectores usuarios del agua. Por ello, las responsabilidades de estas dos instituciones públicas deben ser diferentes, pero complementarias, evitando tanto solapamientos como vacíos competenciales.

Un estudio reciente de la APA concluye que, durante los últimos veinte años, la disponibilidad de agua en Portugal se ha reducido aproximadamente un 20 %, y se prevé que disminuya entre un 10 % y un 25 % adicional antes de finales de siglo. Esto constituye un enorme desafío para los servicios de agua. Resulta, por tanto, imprescindible reforzar la coordinación institucional entre la gestión de los recursos hídricos y los servicios de agua, tanto en la aplicación de las políticas públicas como en el desarrollo de los instrumentos de planificación, la interpretación y aplicación de la legislación y la gestión de la información.

Analicemos uno de esos ámbitos de coordinación: el desarrollo de los instrumentos de planificación. En el marco del PENSAARP 2030 – Plan Estratégico para el Abastecimiento de Agua y la Gestión de las Aguas Residuales y Pluviales, recientemente aprobado por el Gobierno, se identifican 70 medidas para alcanzar sus 20 objetivos estratégicos relacionados con los servicios de agua. Sin embargo, también se incluyen 15 medidas complementarias vinculadas a la regulación ambiental, destinadas a resolver diversos problemas que, dada su importancia y su fuerte impacto sobre los servicios de agua, requieren claramente una respuesta.

Mediante estas medidas, el Gobierno manifiesta claramente, a través del PENSAARP 2030, su compromiso de incorporar en los Planes de Gestión de Cuenca Hidrográfica, actualmente en preparación por la APA, una serie de cuestiones esenciales para el éxito de los servicios de agua, entre ellas:

• Reforzar la regulación ambiental de las captaciones de agua para el ciclo urbano y de los vertidos de aguas residuales y pluviales procedentes de sistemas públicos y soluciones individuales, mediante una supervisión más eficaz antes, durante y después de su autorización.
• Reforzar la inspección de los perímetros de protección de las fuentes de abastecimiento, de las autorizaciones de captación de agua, de los vertidos de aguas residuales —y, cuando proceda, también de aguas pluviales—, así como de los aliviaderos de emergencia de los sistemas de saneamiento.
• Intensificar la recopilación y el tratamiento de la información sobre los recursos hídricos para permitir una gestión más oportuna y eficaz del riesgo asociado a las captaciones y a los vertidos.
• Reforzar la coordinación institucional entre la autoridad de recursos hídricos y la entidad reguladora, racionalizando y agilizando los procedimientos entre ambas instituciones, especialmente en los puntos de interacción.
• Fortalecer la coordinación entre la autoridad de recursos hídricos y las entidades prestadoras en la monitorización y la gestión del riesgo relacionado con el agua.
• Impulsar nuevas soluciones tecnológicas de apoyo a la vigilancia ambiental (por ejemplo, la robótica) y establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil para detectar incumplimientos relacionados con captaciones y vertidos.
• Establecer una evaluación periódica de la actividad de la APA, mediante un panel internacional de expertos, en el ámbito de los recursos hídricos, tal como también está previsto para ERSAR.

Esta constituye una excelente oportunidad para que el Gobierno demuestre la coherencia de sus políticas y la consistencia de sus compromisos. Por ello, esperamos la aprobación de la nueva generación de Planes de Gestión de Cuenca Hidrográfica. Sería difícilmente comprensible que no fuera así.

Todos defendemos una coordinación efectiva entre la autoridad de recursos hídricos y la entidad reguladora de los servicios de agua, y esa coordinación comienza con una planificación coherente. En beneficio de la sociedad y de todos nosotros.