Durante el último siglo y medio, la humanidad ha recurrido de forma creciente a los combustibles fósiles para impulsar el desarrollo económico, aumentando las emisiones de dióxido de carbono (CO₂), uno de los principales responsables del efecto invernadero y, por tanto, del calentamiento global y del cambio climático. El cambio climático constituye uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, y el Acuerdo de París (2015) supuso un paso decisivo para afrontarlo, al comprometer a 195 países a limitar el aumento de la temperatura global.

La materialización de este compromiso pasa por la descarbonización, entendida como el proceso de reducción de las emisiones de carbono a la atmósfera, especialmente de dióxido de carbono, con el objetivo de avanzar hacia una economía baja en carbono y alcanzar la neutralidad climática mediante la transición energética. La descarbonización consiste en electrificar la economía utilizando fuentes de energía limpias que emitan únicamente aquello que el planeta puede absorber de forma natural. Al mismo tiempo, representa una oportunidad para generar riqueza, crear empleo y mejorar la calidad del aire.

Europa ha liderado la transición energética mundial durante los últimos años. El Pacto Verde Europeo (2019) constituye la estrategia de la Comisión Europea para alcanzar la neutralidad climática y reforzar la competitividad, desvinculando el crecimiento económico del consumo de recursos. Esta ambición quedó consolidada mediante la Ley Europea del Clima (2021), que fijó el objetivo jurídicamente vinculante de alcanzar la neutralidad climática en 2050 y elevó al 55 % la meta de reducción de emisiones para 2030. Paralelamente, la Unión Europea aprobó el instrumento NextGenerationEU para impulsar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, destinando una parte importante de estos recursos a la implementación de las medidas necesarias para alcanzar dichos objetivos climáticos a través de los Planes de Recuperación y Resiliencia de los Estados miembros.

Pero ¿qué relación tiene la descarbonización con los servicios de abastecimiento de agua y de gestión de las aguas residuales?

Actualmente, el servicio público de abastecimiento de agua en Portugal continental presta servicio al 96,1 % de las viviendas, 19 puntos porcentuales más que hace tres décadas. Aproximadamente el 98,8 % de estas viviendas recibe agua potable segura conforme a la legislación nacional y europea, el doble que hace treinta años. Por su parte, los servicios públicos de recogida y tratamiento de aguas residuales cubren el 84,4 % de las viviendas, cuatro veces más que hace tres décadas. Este extraordinario avance ha sido posible gracias a una estrategia sólida y a importantes inversiones, con un elevado consumo de recursos hídricos y energéticos, dado que el sector figura entre los principales consumidores de energía del país.

Cada año se captan aproximadamente 820 millones de metros cúbicos de agua de fuentes superficiales y subterráneas para abastecer a la población. Se estima que alrededor de 194 millones de metros cúbicos (24 %) se pierden durante los procesos de producción y distribución debido a pérdidas físicas. Asimismo, los sistemas de saneamiento recogen cerca de 640 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año, mientras que alrededor de 702 millones de metros cúbicos se vierten finalmente al medio receptor, lo que indica que más del 10 % corresponde a infiltraciones y conexiones indebidas a las redes de alcantarillado. Aunque aproximadamente el 99 % de las aguas residuales vertidas recibe tratamiento, únicamente el 1,3 % se reutiliza.

Estos servicios requieren importantes cantidades de energía, principalmente para impulsar el agua y las aguas residuales a través de los sistemas, así como para el funcionamiento de las estaciones de tratamiento y las estaciones de bombeo. Los servicios de abastecimiento consumen actualmente alrededor de 650 millones de kWh al año, mientras que los servicios de aguas residuales consumen unos 430 millones de kWh anuales. En conjunto, representan aproximadamente el 2,5 % del consumo total de electricidad del país. En el marco de la transición hacia la neutralidad climática, el sector ya produce 47,6 millones de kWh anuales de energía renovable para autoconsumo.

Es posible reducir la presión ambiental de estos servicios aumentando la eficiencia hídrica, mejorando la eficiencia energética, incrementando el autoconsumo de energía renovable y avanzando progresivamente en la sustitución de la energía fósil por energía limpia.

La mejora de la eficiencia energética requiere actuaciones tanto en las infraestructuras como en la operación de los sistemas, con un impacto significativo en los costes de explotación y, en consecuencia, en las tarifas. Resulta alentador comprobar que cada vez más entidades prestadoras realizan auditorías energéticas y recurren a contratos de mejora de la eficiencia energética basados en resultados.

Sería conveniente promover diversos incentivos para mejorar la eficiencia energética, como mecanismos de apoyo financiero vinculados a los resultados obtenidos, formación sobre contratos de eficiencia energética remunerados según el desempeño, recomendaciones técnicas sobre eficiencia energética, metodologías para auditorías energéticas, documentos de orientación para responsables de la toma de decisiones y una mayor difusión de casos de éxito.

La descarbonización del sector implica integrar los objetivos de transición energética en la estrategia de las entidades prestadoras, en consonancia con la estrategia nacional de neutralidad climática. Esto incluye el aumento del autoconsumo de energía renovable y la adquisición de electricidad limpia cuando resulte económicamente viable. También supone mejorar los sistemas de generación de energía dentro de las propias infraestructuras, mediante cogeneración con biogás procedente de lodos, aprovechamiento energético de los procesos de tratamiento, energía solar y eólica, recuperación de energía hidráulica y producción de hidrógeno verde, así como impulsar otras medidas de transición energética, como la electrificación de las flotas de vehículos.

También sería conveniente promover incentivos específicos para la descarbonización del sector, entre ellos mecanismos financieros vinculados a resultados, recomendaciones técnicas sobre las tecnologías más adecuadas para la producción de energía en los sistemas, orientaciones sobre transición energética y descarbonización, apoyo a la innovación en autoconsumo de energías renovables y acciones de difusión de experiencias de referencia.

Este debe ser el camino que sigan los servicios de agua hacia la descarbonización, contribuyendo a la mitigación del cambio climático, sin perjuicio del importante esfuerzo de adaptación que también deberán realizar.